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El CAE insiste en su reivindicación de que se reconozca como enfermedad profesional el contagio y fallecimiento de los sanitarios por COVID-19.

 

 

 

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La creciente presión asistencial de las enfermeras cordobesas pone en peligro la seguridad de sus pacientes
 
 

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, con el pleno respaldo de su Comisión Ejecutiva, anuncia que se adhiere a la querella penal que ha presentado el Consejo General de Enfermería (CGE) contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y otros cargos de su departamento, por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores al poner en riesgo la salud de los profesionales sanitarios por no proporcionarles material de protección adecuado y suficiente en su lucha contra el Covid-19. Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.

Con 43.956, España es el país del mundo con mayor número de profesionales infectados por COVID-19. Una cifra que representa el 20% del total de infecciones de la población española y que se sigue disparando cada día mientras el resto de los parámetros mejoran. Este hecho lleva meses provocando la indignación de todos los representantes de las profesiones sanitarias. En la rueda de prensa, celebrada el martes cinco de mayo, los medios de comunicación le pidieron a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, una valoración de estas cifras y este, por segunda vez consecutiva, restó importancia al dato asegurando que los datos de profesionales infectados "nos indican que pese a haber estado afectados, la gran mayoría están reincorporados y sabemos también que su enfermedad ha sido menos grave que el de la población general". A estas declaraciones hay que sumar las afirmaciones que realizó al principio de la pandemia, cuando llegó a asegurar, sin evidencia científica alguna, que la mayoría de los profesionales infectados habían sufrido dicha infección en su vida social y no en su asistencia sanitaria, una aseveración gravísima e injusta que ya provocó su correspondiente contestación desde el Consejo General de Enfermería.

El Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir comenzó la última semana de abril a hacer pruebas de detección de Covid-19 en Atención Primaria sólo a personal médico, dejando a enfermería para una semana más tarde, cuando ambos colectivos están igual de expuestos al coronavirus.

Siete semanas han pasado desde que el Gobierno decretase el estado de alarma que nos mantiene a todos los españoles confinados en los domicilios para luchar contra la pandemia de COVID-19 que azota no sólo a nuestro país, sino al mundo entero. Días en los que los gimnasios, los parques y las zonas habilitadas para hacer deporte han permanecido cerradas para evitar la propagación del coronavirus y poder así lograr una recuperación más rápida.

La Delegación Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), en defensa de los derechos que como trabajadores – públicos o privados – tienen las enfermeras y enfermeros, y que están siendo vulnerados a diario ante la falta de recursos materiales adecuados con los que protegerse en la lucha que libran en primera línea de batalla contra el COVID-19, lo que supone un quebrantamiento flagrante de la legislación de riesgos laborales. En su respuesta, la Inspección de Trabajo ha comunicado a este Organismo que ya ha efectuado propuesta de requerimiento al Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre el cumplimiento de medidas preventivas frente al riesgo de exposición al coronavirus, advirtiéndole que debe adoptar obligatoriamente todas las medidas de protección acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias.

La atención al embarazo y al parto ha cambiado de forma radical durante la pandemia de coronavirus, generando mucho miedo e incertidumbre entre las mujeres. Por este motivo, “desde la Organización Colegial de Enfermería, en colaboración con las enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología (las matronas), hemos elaborado una infografía y un vídeo animado en el que se resuelven las principales dudas que se plantean las embarazadas en esta situación, porque por fortuna no toda la atención sanitaria se centra en el COVID-19, también hay momentos de alegría con el nacimiento de un bebé. Acontecimientos que no se detienen por la pandemia y en los que hay que extremar las medidas de prevención y protección”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

El Consejo Andaluz de Enfermería ha interpuesto queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, por acuerdo unánime del Pleno de esta corporación, denunciando la situación que atraviesan las enfermeras y enfermeros que prestan sus servicios en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma por la falta de material de protección adecuado en la lucha contra el COVID-19, lo cual pone en riesgo tanto su salud como su propia vida, así como la de sus pacientes e incluso la de sus familiares; todo ello como resultado de la falta de previsión y la improvisación del Gobierno y la Junta de Andalucía en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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