Enfermería Facultativa Andalucía

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Andalucía y sus Colegios de Enfermería, unidos para rendir homenaje a la profesión en su Día Internacional.

 

 

 

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La creciente presión asistencial de las enfermeras cordobesas pone en peligro la seguridad de sus pacientes
 
 

El Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir comenzó la última semana de abril a hacer pruebas de detección de Covid-19 en Atención Primaria sólo a personal médico, dejando a enfermería para una semana más tarde, cuando ambos colectivos están igual de expuestos al coronavirus.

Siete semanas han pasado desde que el Gobierno decretase el estado de alarma que nos mantiene a todos los españoles confinados en los domicilios para luchar contra la pandemia de COVID-19 que azota no sólo a nuestro país, sino al mundo entero. Días en los que los gimnasios, los parques y las zonas habilitadas para hacer deporte han permanecido cerradas para evitar la propagación del coronavirus y poder así lograr una recuperación más rápida.

La Delegación Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), en defensa de los derechos que como trabajadores – públicos o privados – tienen las enfermeras y enfermeros, y que están siendo vulnerados a diario ante la falta de recursos materiales adecuados con los que protegerse en la lucha que libran en primera línea de batalla contra el COVID-19, lo que supone un quebrantamiento flagrante de la legislación de riesgos laborales. En su respuesta, la Inspección de Trabajo ha comunicado a este Organismo que ya ha efectuado propuesta de requerimiento al Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre el cumplimiento de medidas preventivas frente al riesgo de exposición al coronavirus, advirtiéndole que debe adoptar obligatoriamente todas las medidas de protección acordadas y recomendadas por las autoridades sanitarias.

La atención al embarazo y al parto ha cambiado de forma radical durante la pandemia de coronavirus, generando mucho miedo e incertidumbre entre las mujeres. Por este motivo, “desde la Organización Colegial de Enfermería, en colaboración con las enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología (las matronas), hemos elaborado una infografía y un vídeo animado en el que se resuelven las principales dudas que se plantean las embarazadas en esta situación, porque por fortuna no toda la atención sanitaria se centra en el COVID-19, también hay momentos de alegría con el nacimiento de un bebé. Acontecimientos que no se detienen por la pandemia y en los que hay que extremar las medidas de prevención y protección”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

El Consejo Andaluz de Enfermería ha interpuesto queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, por acuerdo unánime del Pleno de esta corporación, denunciando la situación que atraviesan las enfermeras y enfermeros que prestan sus servicios en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma por la falta de material de protección adecuado en la lucha contra el COVID-19, lo cual pone en riesgo tanto su salud como su propia vida, así como la de sus pacientes e incluso la de sus familiares; todo ello como resultado de la falta de previsión y la improvisación del Gobierno y la Junta de Andalucía en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), comprometido con el trabajo que se está llevando a cabo para salir de esta situación de crisis mundial, ha organizado una teleconferencia donde ha reunido a representantes de las enfermeras de diferentes países de Latinoamérica y España. En el encuentro, también se ha contado con la presencia de Annette Kennedy, presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE); Howard Catton, director general del CIE y Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE).

“Nuestra principal prioridad es la seguridad de los profesionales sanitarios y vamos a hacer todo lo que sea posible para conseguir que dispongan, de una vez por todas, del material necesario para poder prestar su asistencia a los pacientes con COVID-19 sin que tengan que jugarse la vida y la de los familiares con los que conviven”. Un compromiso con sus colegiados que se ha materializado por parte del Consejo General de Enfermería de España (CGE) en posicionamientos públicos, en declaraciones a los medios de comunicación, en cartas al presidente del Gobierno y al ministro de Sanidad y en una querella criminal presentada contra ambos responsables políticos y parte de sus equipos por no adoptar las suficientes medidas de protección de los trabajadores, pero también en una importante adquisición y distribución a toda España de los materiales de seguridad que más escasean: monos de protección EPI y mascarillas FFP2.

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