Diario Enfermero / Redacción.- Todos los partidos políticos de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, salvo el PNV, han mostrado este martes explícitamente su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el Sindicato de Enfermería (Satse) que contó con el apoyo del Consejo General de Enfermería y que tiene como objetivo «garantizar la seguridad en la atención sanitaria y cuidados a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermero». El presidente del Consejo General de Enfermería y presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Florentino Pérez Raya, apoya esta reinvidicación que llega a la Cámara Baja en forma de ILP.

Según esta norma, se asignarían, como regla general, un máximo de seis pacientes por enfermera en unidades de hospitalización, que se reducen a dos en áreas de cuidados intensivos o críticos y a tres en áreas quirúrgicas; en Atención Primaria, no se podrían superar los 1.500 habitantes por enfermera. No obstante, el texto establece que los criterios de estas ratios dependerían «de factores asociados a las características de los pacientes, tales como el proceso de enfermedad y la complejidad de los cuidados». Igualmente, el texto emplazaría al Ejecutivo a la revisión periódica de las ratios y a la creación de una Comisión Interterritorial de Ratios Enfermeras.

 En lo que respecta a los centros de salud, la asignación de pacientes por enfermero es de entre 1.600 y 1.800 personas, cuando, según Satse, no debería superar, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Sanidad, los 1.000 ciudadanos; mientras que en los centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, un solo enfermero, en caso de que el centro disponga de estos profesionales, ha de prestar atención sanitaria y cuidados hasta a 100, 150 e incluso 200 residentes.

Para el presidente del Consejo General de Enfermería y presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba,  Florentino Pérez Raya, “como venimos reclamando desde hace muchos años, esta ley es una absoluta necesidad para situar en la primera línea política un problema sanitario que afecta a los pacientes y a su seguridad. Numerosas investigaciones internacionales revelan que no adecuar el número de enfermeras al volumen de pacientes se traduce en un aumento de la mortalidad, la morbilidad y la estancia hospitalaria. Una norma estatal al respecto garantizará la seguridad y la atención a los pacientes y beneficiará al Sistema Sanitario en su conjunto”, concreta Pérez Raya.

Una vez debatida y aprobada su toma en consideración, la proposición de ley seguirá el procedimiento legislativo ordinario, con la apertura del plazo para la presentación de enmiendas de totalidad y al articulado. Si se registra alguna enmienda de texto alternativo se votará en el Pleno de la Cámara. En caso contrario, pasará a debatirse en la Comisión correspondiente, donde se analizarán y votarán las enmiendas al articulado para elaborar un dictamen que será remitido al Senado para continuar su tramitación.

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