En concreto, este decálogo se articula en torno a los siguientes puntos:
1. MÁS ENFERMERAS.
Se necesita incorporar urgentemente más enfermeras para hacer sostenible la carga de trabajo. No es justificable que Córdoba y Andalucía sean una de las provincias y comunidades autónomas de España con peores ratios de enfermera – paciente. El exceso de presión y sobrecarga de trabajo pone al límite la capacidad de respuesta de las enfermeras y en riesgo a los pacientes.
En concreto, Córdoba, con una ratio de 548 profesionales por cada 100.000 habitantes, es la 16ª provincia española con la ratio más baja, según el Informe de Recursos Humanos de Enfermería del Consejo General de Enfermería (CGE). La provincia necesitaría un mínimo de 1.725 enfermeras más de las 4.500 que tiene en la actualidad para alcanzar la media europea, que se sitúa en una ratio de 768 profesionales de Enfermería por cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat; aunque otras fuentes estadísticas oficiales como la OCDE y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan la ratio europea en 818 y 877 enfermeros, respectivamente; por lo que la provincia necesitaría entre unas 2.100 y 2.575 enfermeras más para alcanzar estas cifras. Con una ratio de 500, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con la ratio más baja, solo superada por Murcia, con 459. La media española se sitúa en 602.
Además, “la citada ratio cordobesa de 548 es un 40% menor que la ratio ideal de 917 enfermeras que considera la OMS”, resalta el presidente en funciones del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo, en la imagen adjunta durante la presentación de este decálogo.
En este sentido, el Colegio de Enfermería de Córdoba vuelve a reclamar a la Consejería de Salud y Familias la renovación de la totalidad de los contratos realizados por el SAS durante la pandemia, los llamados contratos COVID, después de que más de 3.000 en toda Andalucía correspondientes a enfermeras no se renovaran el pasado 31 de octubre. Un hecho que ha provocado que muchas enfermeras se hayan marchado a trabajar a otras regiones, especialmente a Cataluña; y que durante la actual sexta ola del COVID-19 el SAS esté registrando problemas para contratar profesionales.
Por lo que respecta a la sobrecarga de trabajo, ésta es conocida por la propia sociedad cordobesa, ya que el 51,8% de los cordobeses considera que las condiciones laborales de las enfermeras son más duras que en la mayoría de las profesiones, en cuestiones como presión en el trabajo, horarios y turnos; según la encuesta Valoración de la profesión enfermera por parte de los ciudadanos de Córdoba que realizó el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba a principios del pasado año.
2. MEJORES CONDICIONES LABORALES.
Hay que actualizar las retribuciones que tienen poco que ver con la preparación y el nivel de responsabilidad exigido. El reconocimiento de los pacientes y de la sociedad está muy por encima del pago que se recibe de la Administración. Asimismo, es imprescindible poner freno a una temporalidad en los contratos que no se justifica ni funcional ni éticamente. El empleo precario sobrepasa todo lo razonable y no es admisible desde ninguna óptica clínica o social, provocando el éxodo de enfermeras cordobesas a otras regiones y países, con la pérdida de capital humano que esto supone. Esta necesidad de mejora es especialmente acuciante en el caso de las enfermeras que trabajan en el sector privado, que tienen unas condiciones y unas exigencias aún más duras que las que prestan su servicio en el sector público.
Por lo que respecta a las retribuciones, un enfermero del Servicio Andaluz de Salud (SAS) percibe anualmente por todos los conceptos sin contar los trienios que puedan corresponderle (es decir, teniendo en cuenta el salario base, pagas extras y complementos de destino y específico) un total de 27.571,12 euros brutos anuales, que pueden subir a 30.095,56 euros brutos anuales en el hipotético caso de que cobre el 100% del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) o complemento de productividad.
Al respecto hay que tener en cuenta que el salario base es igual para todas las enfermeras españolas en cuanto a su condición de empleado público del grupo A2, que en 2021 ha ascendido a 1.050,06 euros brutos al mes (1.071,06 euros brutos al mes para 2022 según los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados). Ahora bien, los complementos hacen que la retribución varíe según cada Comunidad Autónoma, donde el salario bruto medio anual (sin contar productividad) está entre los 26.000 euros y los 30.000 euros brutos anuales, según datos oficiales, por lo que los citados 27.571 euros colocarían a las enfermeras cordobesas por debajo de la franja media, y lejos de Comunidades como el País Vasco, donde la diferencia supera los 5.000 euros brutos anuales, ya que un profesional de la Enfermería del Servicio Vasco de Salud – Osakidetza percibió en 2021 32.888 euros brutos/año, sin contar productividad y otros complementos.
En el sector privado -donde existe menos disparidad entre regiones-, los sueldos son bastante más bajos que en el sistema público, situándose los más habituales entre los 1.200 y 1.300 euros brutos al mes, rondando la mayoría los 15.000 euros brutos anuales y en raras ocasiones alcanzando los 2.000 euros brutos al mes en 12 pagas.
La necesidad de mejorar las condiciones laborales también es respaldada por la propia sociedad cordobesa, ya que el 60,8% de los cordobeses considera que hay que recompensar el esfuerzo que está realizando este colectivo con mejoras retributivas, ya sea con una mejora de sueldo, como opina el 48,8%; o con una paga extra o incentivos económicos, en opinión de otro 12%. Para otro 15,5% este esfuerzo debería ser compensado con vacaciones adicionales, según la citada encuesta. No en vano, el 60,5% de los cordobeses cree que la enfermería es una profesión mal pagada y que las enfermeras cobran por debajo de sus responsabilidades y funciones.
Por lo que respecta a la temporalidad, el SAS sigue abusando de los contratos de pocas semanas o meses, lo que no fideliza a los profesionales. Una precariedad conocida por la propia Consejería de Salud y Familias, que en el inicio del proceso de integración en el SAS de las agencias públicas sanitarias aprobado el pasado mes de octubre, hacía público el informe definitivo de la Auditoría Operativa de estas agencias, entre ellas la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, donde se señala la “elevada tasa de temporalidad y constante mecanización de nuevos contratos temporales”. En el caso de esta agencia de la que dependen, entre otros, el Hospital de Montilla y los hospitales de Alta Resolución de Puente Genil y del Valle del Guadiato “hay una tasa de temporalidad de alrededor del 45% del total de contratos”, es decir, un 45% de contratos eventuales y de sustitución frente a un 55% de indefinidos, “que ha tenido una tendencia creciente a lo largo de los años”, según esta auditoría.
Toda esta situación provoca el éxodo de enfermeras a otras Comunidades y provincias que viene registrándose en los últimos años, y que se ha agravado a consecuencia de la situación derivada del COVID-19. Así, el número de enfermeras cordobesas que se han marchado en el año que acaba de terminar a trabajar a otras provincias y regiones continúa en la línea de los últimos ejercicios. Entre enero y noviembre de 2021 el Colegio de Enfermería de Córdoba ha registrado 110 traslados de expediente, frente a los 115 y 141 registrados en el mismo periodo de 2019 y 2020, respectivamente. El traslado de expediente desde un colegio al colegio de la provincia de destino es un trámite administrativo obligatorio para los profesionales, según la normativa reguladora de la Organización Colegial de Enfermería en España.
“La inestabilidad e incertidumbre vienen provocando la fuga masiva de profesionales de enfermería cordobeses en busca ya no solo de unas condiciones de duración de contratos y retributivas dignas, homologables a la media española, sino de una estabilidad profesional”, afirma Enrique Castillo.
3. MEJORES CONDICIONES PROFESIONALES.
Es inaplazable impulsar el desarrollo efectivo y real de las especialidades de Enfermería reguladas en España desde 2005: Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), de Salud Mental, del Trabajo, Familiar y Comunitaria, Geriátrica y Pediátrica, a la que se viene a sumar la de Cuidados Médico-Quirúrgicos, si bien está última está pendiente de desarrollo inicial desde hace años y aún no se ha puesto en marcha. A pesar de que cada año se forman especialistas en las seis primeras citadas, éstas no están plenamente reconocidas ni utilizadas en el SAS. Limitar la especialización es reducir, irresponsablemente, la calidad de los cuidados a los pacientes y cercenar el desarrollo profesional de un colectivo que no se lo merece.
En este sentido, la Oferta de Empleo Público OPE 2018-2021 del SAS, cuyos procesos selectivos y exámenes se han realizado recientemente, solo ha ofertado plazas, además de para enfermeros no especialistas, para las categorías de Matrón/a en 2018 y 2019; y en 2020, tanto por acceso libre como por promoción interna, han sido solo 26 para especialistas en Salud Mental y 4 del Trabajo; y en 2021, 26 para Salud Mental y 8 del Trabajo.
Además, en la última oferta de plazas de formación sanitaria especializada para Enfermería (EIR) aprobada en septiembre, se han ofertado –de un total de 230 plazas en toda Andalucía- 17 en Córdoba: 3 en Obstétrico-Ginecológica (Matrona), 2 en del Trabajo, 4 en Pediátrica, y 8 en Familiar y Comunitaria; mientras que no se ha ofertado ninguna plaza de Salud Mental y Geriátrica. De esta última especialidad tampoco se ha ofertado ninguna plaza en el resto de provincias andaluzas.
Por otro lado, y en el ámbito de los centros sanitarios y sociosanitarios concertados, como residencias de mayores y centros de diálisis, y en las mutuas de accidentes de trabajo, la Administración no reconoce a las enfermeras su experiencia y tiempo trabajado de igual manera que en el ámbito público. Hasta el año 2015 trabajar en la sanidad concertada baremaba con 0,10 puntos por mes trabajado en la bolsa única del SAS, y también era tenida en cuenta en las oposiciones. Sin embargo, desde ese año la Mesa Sectorial –de la que no forma parte el Colegio de Enfermería- acordó que dejara de puntuar el tiempo trabajado en los centros concertados y privados, al igual que ocurre con las mutuas.
“Discriminar a las enfermeras en función de si trabajan en la sanidad pública, concertada o privada es injusto, ya que se trata de profesionales que realizan las mismas funciones, tienen la misma formación, y ofrecen los servicios y cuidados a los ciudadanos con la misma capacidad y calidad”, recuerda Enrique Castillo.
4. CARRERA PROFESIONAL.
Hay que equiparar el reconocimiento de la Carrera Profesional con otras Comunidades Autónomas. La Carrera Profesional representa el reconocimiento que las enfermeras exigen, tanto a nivel profesional como económico. El Colegio de Enfermería de Córdoba comparte la necesidad de cambiar el actual modelo de carrera profesional del SAS, apostando por un modelo y un sistema de acreditación más justo y menos burocratizado, en el que se elimine el actual modo de evaluación por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
La carrera profesional y las acreditaciones deben servir para reconocer realmente la formación y la experiencia asistencial, y ser equiparable al resto de Comunidades Autónomas, ya que el actual modelo de desarrollo y carrera profesional en Andalucía es, con diferencia, el más complicado a nivel nacional. Además, es discriminatorio, en la medida en que sólo afecta al personal estatutario fijo del SAS, quedando al margen el personal interino o eventual, independientemente de su antigüedad y de que realicen las mismas funciones que el personal fijo.
La carrera profesional del personal sanitario del SAS en los cuerpos A1 y A2 (médicos, enfermeras, fisioterapeutas y matronas) está estructurada en cinco niveles, que llevan aparejados unos pluses salariales. Para acceder a ellos los profesionales sanitarios han de cumplir con una serie de requisitos y evaluaciones sobre su desempeño profesional, competencias y realización de cursos de formación o labores de docencia e investigación, entre otros méritos que se tienen en cuenta. Este proceso exige la cumplimentación de una serie de procedimientos administrativos que conllevan muchas horas de dedicación, y al Colegio cordobés le consta que muchos profesionales desisten de solicitar la certificación porque no tienen tiempo para realizar todo el trabajo que conlleva solicitar un aumento de nivel en la carrera profesional.
5. GRUPO A1.
La Administración sanitaria tiene que reconocer a las enfermeras dentro del grupo profesional A1, pue son en vano son profesionales con título universitario de Grado que cuentan, además, y en muchos casos, con una formación de postgrado de primer nivel. Retrasar este reconocimiento no es admisible y es también discriminatorio.
En este sentido, el no reconocimiento del grupo A1 no solo tiene efectos retributivos -ya que el salario base de un A-1 está fijado para este año en 1.238,68 euros brutos mensuales, frente a los citados 1.071,06 euros-; sino que también impide el acceso a determinados puestos de responsabilidad y de gestión en la función pública, como por ejemplo puestos de asesor técnico en el Área de vigilancia epidemiológica y de Programas de salud de las delegaciones territoriales de la Consejería, solo accesibles con carácter estable al profesionales del grupo A1.
6. FIN DEL ‘NINGUNEO’.
La administración ningunea sistemáticamente a la profesión enfermera, lo que debilita la planificación en el Sistema Sanitario, al no contar con la voz y la experiencia del colectivo. Además de suponer un desprecio para las más de 4.500 enfermeras cordobesas, esta falta de diálogo e interlocución impide la puesta en marcha de medidas que podrían mejorar la atención a los ciudadanos.
Entre diversas cuestiones, la Consejería de Salud y Familias ha olvidado, relegado o minusvalorado últimamente la voz y representatividad de la profesión en el diseño y desarrollo de la nueva Estrategia de Atención Primaria en Andalucía, en el plan de regreso a la atención presencial en los centros de salud puesto en marcha el pasado mes de octubre, en las nuevas Unidades de Gestión de Salud Pública que estarán integradas en los distritos sanitarios, y en la Comisión de Garantía y Evaluación de las peticiones de eutanasia, donde las enfermeras no cuentan con el mismo nivel de presencia que otras categorías profesionales.
7. FALTA DE RECONOCIMIENTO Y OLVIDO DE LAS RESIDENCIAS.
En el ámbito sociosanitario, y especialmente en las residencias de mayores, la falta de reconocimiento funcional y económico de las enfermeras cordobesas es especialmente preocupante, y está provocando que las enfermeras huyan de este sector, con el problema que esto conlleva para el cuidado de nuestros mayores.
Es necesaria una mayor equiparación de estas profesionales respecto al resto de sectores, no solo a nivel retributivo, sino también en lo concerniente a las condiciones de trabajo y la excesiva temporalidad en los contratos –muchos de ellos además a tiempo parcial-; y no sustituir estos puestos de trabajo por otros perfiles que no tienen la cualificación ni las competencias que exige la atención a un mayor o a un paciente crónico.
Al respecto, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ya alertó en junio del peligro para la salud de los mayores que suponía el Protocolo de emergencia sanitaria ante la ausencia de Enfermería en las residencias con el que estaban trabajando diversas residencias privadas y concertadas cordobesas, obligadas en parte a ello por la problemática de la falta de personal de Enfermería en estos centros.
Este protocolo derivaba competencias exclusivas de las enfermeras a personal sanitario auxiliar, por lo que este Colegio, aún consciente del grave problema por el que están atravesando estas residencias, recuerda que no se pueden asignar tareas a otros profesionales que legalmente son exclusivas de las enfermeras, lo que supone un riesgo para las personas mayores residentes.
8. MÁS ATENCIÓN PRIMARIA Y MÁS PREVENCIÓN.
El papel que juegan las enfermeras cordobesas en la Atención Primaria es fundamental, no solo para unos cuidados de calidad y cuestiones diversas como las campañas de vacunación frente al COVID-19 y la gripe; sino también para el desarrollo de políticas de prevención y educación para la salud de la ciudadanía, que reducirían la sobrecarga existente en la atención hospitalaria.
El Colegio de Enfermería de Córdoba considera necesaria una redefinición de las denominadas Consultas de Acogida que desde octubre se están implantando en los centros de salud, que deben poder ofrecer una atención finalista.
No en vano, las enfermeras de cabecera o de referencia de los centros de salud lideran la alta valoración que los cordobeses tienen de la profesión, ya que califican con un 9,21 el trabajo de la enfermera referente, por encima de la ya alta nota de 9,09 de la profesión enfermera en su conjunto. La enfermera de referencia o de cabecera es la enfermera que cada ciudadano tiene asignada en su centro de salud, al igual que ocurre con el médico de Atención Primaria o el pediatra.
9. ENFERMERÍA ESCOLAR.
Asociaciones de docentes, de familias y de pacientes cordobeses demandan que las enfermeras deben estar presentes en los centros escolares, situándose al frente de los planes de salud de cada centro educativo, y fomentando hábitos saludables y una verdadera educación para la salud entre toda la comunidad educativa, especialmente entre los niños y jóvenes.
El Colegio cordobés recuerda la necesidad de que se implante esta figura, y reivindica y sigue defendiendo el Manifiesto por la Enfermería Escolar que el Consejo Andaluz de Enfermería presentó en octubre de 2020. Un manifiesto que defiende que la Enfermería Escolar “debe asumir el liderazgo en la prevención y atención sanitaria de la población escolar”, integrándose en la comunidad educativa “Desarrollando labores asistenciales y de formación en educación para la salud, con carácter regular, independientemente de la situación derivada de la pandemia que sufrimos”.
Todo ello con el único objetivo de velar “por la defensa de la calidad de la salud de la ciudadanía andaluza y de toda la comunidad educativa, tanto de los alumnos y sus progenitores, como de los docentes y trabajadores de los centros educativos”, como recuerda el presidente en funciones del Colegio cordobés.
Entre otras funciones, las enfermeras escolares son las profesionales llamadas a trabajar desde el interior de cada centro educativo en hábitos de vida saludables, higiene personal, prevención de las adicciones, de la obesidad, salud sexual, vacunación, y atención a los alumnos con enfermedades crónicas, entre otras.
“La enfermera escolar no puede ser la socorrista del colegio, sino que debe estar al frente de los planes de salud de cada centro educativo, estando al servicio y al cuidado de la salud de los alumnos, familias y docentes. De esta manera, su labor se convierte en agente vehiculizador y transmisor de educación para la salud, en la medida en que los alumnos van a compartir luego con sus padres, familiares y amigos los conocimientos adquiridos”, recuerda Castillo.
10. MÁS PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA.
Las 126 plazas de nuevo ingreso que viene ofertando cada curso en los últimos años la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO) son a todas luces insuficientes para garantizar las necesidades del sistema sanitario existentes en el presente, y para asegurar el relevo generacional en la profesión.
