En una reunión de trabajo, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, ha presentado al presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, el estudio “Análisis de la situación de los enfermeros y enfermeras en los centros sanitarios del país”, así como los pormenores de la campaña de información y sensibilización social “La Sanidad que merecemos” que incluye, entre otras acciones, la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular. Ambas organizaciones han acordado redoblar sus esfuerzos y su unidad para lograr el aumento de las plantillas de enfermeras y enfermeros.
En concreto, el Sindicato de Enfermería tiene previsto recoger durante los próximos nueve meses las 500.000 firmas necesarias para llevar al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El Consejo General de Enfermería se ha mostrado dispuesto a colaborar para lograr el objetivo previsto, algo que ha agradecido enormemente la organización sindical.
España carece de una legislación específica que regule la asignación de número máximo de pacientes por cada profesional, algo que plantean algunos países de nuestro entorno y ya es una realidad en otros como Australia o algunos estados de EE.UU., como California o Massachussets, recuerdan ambas organizaciones.
Numerosas investigaciones internacionales revelan que no adecuar el número de enfermeras al volumen de pacientes se traduce en un aumento de la mortalidad, la morbilidad y la estancia hospitalaria. Una norma estatal al respecto garantizará la seguridad y la atención a los pacientes y beneficiará al Sistema Sanitario en su conjunto.
El CGE y SATSE consideran imprescindible garantizar, por ley, un ratio suficiente de profesionales que nos aleje del furgón de cola en número de enfermeras y enfermeros en el que España se encuentra, en la actualidad, con respecto al resto de países europeos En concreto, en nuestro país hay 5,3 enfermeras y enfermeros por 1.000 habitantes mientras que la media europea es de 8,8 enfermeras y enfermeros por 1.000 habitantes.
Asimismo, entienden que no es tolerable la inequidad y la brecha abierta entre unas comunidades autónomas y otras en cuanto al número de enfermeras necesarias. Muy pocas se acercan a la media comunitaria, como Navarra, mientras que algunas presentan cifras muy pobres, a años luz de los países de referencia, con lo que sus habitantes ven mermados sus derechos a la hora de recibir una adecuada prestación sanitaria en un ejemplo alarmante de desigualdad e inequidad entre los españoles.
Por su parte, Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE, afirma que, si se cumple lo establecido en la Ley, los pacientes recibirán una atención más segura y de mayor calidad, y serán tratados con los mismos niveles de cuidados independientemente del lugar en el que residan; los profesionales trabajarán con una menor carga laboral, lo que repercutirá positivamente en su salud y seguridad en el trabajo, y el Sistema Sanitario español, además de mejorar la atención que presta, será más eficiente a nivel económico y social.
