En su carta, los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera recuerdan a la ministra de Sanidad que, tanto el Consejo General de Farmacéuticos como otras instituciones del ámbito farmacéutico, están promoviendo desde hace tiempo acciones que buscan sin reparo la privatización encubierta de servicios asistenciales que ya se realizan en Atención Primaria y que conllevan la usurpación de funciones propias de las enfermeras y enfermeros y de otras profesiones sanitarias.
En concreto, desde la Mesa de la Profesión Enfermera se alude a actividades asistenciales en materia de seguimiento de pacientes crónicos, cribado de pacientes en diferentes patologías o visitas domiciliarias y revisión de botiquines. Asimismo, desde el Consejo General de Farmacéuticos se pretende disponer de una zona de atención personalizada en las oficinas de farmacia, tener acceso a la historia clínica de los pacientes, o, incluso, llegar a vacunar. “Y todo ello, con un claro interés de lucro por parte de los farmacéuticos puesto que por los referidos servicios pretenden cobrar, ya sea directamente al paciente o a las diferentes comunidades autónomas a través de conciertos con la sanidad pública”, añaden.
Asimismo, la Mesa de la Profesión Enfermera recalca que las actuaciones asistenciales previstas por los farmacéuticos supondrían, al amparo de la normativa vigente, una invasión de competencias y, al mismo tiempo, un claro ejemplo de intrusismo profesional, ya que las labores asistenciales de educación sanitaria y promoción de la salud en los temas de adherencia terapéutica, seguimiento, cuidados del paciente y cribado sanitario, son competencia de las enfermeras, enfermeros y médicos, y ya las vienen realizando dentro de su actividad laboral en la sanidad.
A juicio de la Mesa, el farmacéutico no es el profesional competente en materia de cuidados integrales del paciente y la oficina de farmacia, como establecimiento privado comercial que es, no representa, en modo alguno, un lugar adecuado para realizar las actividades asistenciales que pretenden llevar a cabo los farmacéuticos cobrando por ello.
“Es evidente que los farmacéuticos están proponiendo un cambio en el modelo farmacéutico español, pero de ser así, quizás habría que plantearse otras cuestiones relativas a los privilegios con los que cuentan en el actual modelo. En concreto, nos cuestionamos si no sería oportuno que cualquier profesional sanitario o empresario pudiese ser titular de una oficina de farmacia, eliminándose así el actual binomio de ‘titularidad/propiedad’, es decir, que el titular y el dueño de una farmacia tenga que ser un farmacéutico”, apuntan.
Rechazo de los pacientes.
De otro lado, la Mesa de la Profesión Enfermera alude al estudio realizado recientemente con pacientes, en el que se pone de manifiesto que el 90 por ciento de éstos cree que su control deben llevarlo a cabo sólo los profesionales de Enfermería y los médicos. Asimismo, los pacientes no se muestran partidarios de que la sanidad pública pague los servicios propuestos por los farmacéuticos, afirmando que sería mucho mejor contar con más enfermeras y enfermeros.
La Mesa valora positivamente pronunciamientos públicos como los del consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, en defensa de la labor y competencias de la Enfermería, y espera que el resto de los responsables autonómicos sanitarios se muestren contrarios a la implantación de la ‘Farmacia Comunitaria’.
Por último, la Mesa recalca que la profesión enfermera constituye una fuerza clave en la mejora de la adherencia terapéutica y en la atención a los pacientes crónicos y sociosanitarios, apuntando que la misión de la enfermera de Familia y Comunitaria es la participación profesional proactiva en el cuidado compartido de la salud de las personas, familias y las comunidades a lo largo de toda su vida en aspectos diferentes como la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, o la recuperación y rehabilitación.