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La Organización Colegial de Enfermería, que engloba a todos los colegios provinciales de España, a los Consejos Autonómicos y al Consejo General de Enfermería, ya ha seleccionado proveedores internacionales con plenas referencias y absoluta credibilidad para poder llevar a cabo compras masivas de material de seguridad homologado y plenas garantías de calidad. “Hoy mismo, vamos a solicitar al Ministerio de Sanidad y al Gobierno los permisos necesarios para cerrar la primera compra que estaría compuesta por mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3 o de protección equivalente (N95). Si podemos concluirla con suficiente éxito, estudiaríamos la posibilidad de encargar todo tipo de material de seguridad con la supervisión de las enfermeras que están viviendo la pandemia y conocen bien cuáles son las carencias más flagrantes de material de seguridad”.

En la carta, Florentino Pérez Raya, asegura que, si llega a leer la carta y no la detienen los múltiples filtros institucionales que rodean al presidente del Gobierno, Sánchez “sentiría, como yo siento, verdadera vergüenza e indignación si asistiera a la visualización de los recursos materiales de orden preventivo con los que, presuntamente, nuestros profesionales tratan de garantizar su propia seguridad clínica y la seguridad de sus pacientes, muchos de ellos fabricados de manera verdaderamente artesanal por ellos. Le aseguro asimismo que este “pavor” alcanzaría cotas estremecedoras si los comparase con los medios de protección utilizados, por ejemplo, en China por los mismos profesionales de su nivel”.

En nombre de toda la Organización Colegial y de las 307.000 enfermeras y enfermeros que trabajamos en el sistema sanitario español queremos hacer llegar a sus familias, a sus compañeros y compañeras y a la Organización Médica Colegial nuestro más sentido pésame, así como el cariño y la solidaridad de toda la enfermería española.

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Para el presidente de las 307.000 enfermeras y enfermeros de España, estas cifras vienen a ratificar lo que venimos denunciando desde el principio de la pandemia: “los profesionales sanitarios se están enfrentando a una situación insostenible, obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegernos: EPIs adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, protecciones oculares adecuadas, guantes… Se están jugando la vida, y hay que recordar que ya han muerto una enfermera en el País Vasco y una médica en Salamanca ambas muy probablemente por trabajar sin seguridad, y que los profesionales no sólo se están jugando su seguridad, también la de los suyos porque cuando vuelven a casa conviven con la familia”.

En consecuencia, el CAE urge al Servicio Andaluz de Salud a que proceda a la contratación inmediata de los profesionales inscritos en la Bolsa para afrontar esta crisis. La organización colegial andaluza demanda, además, que estas contrataciones se produzcan cuanto antes, en evitación de que la alta demanda de enfermeras y enfermeros en todo el país afecte a la disponibilidad de sanitarios en Andalucía por el agravamiento de la crisis del COVID-19. El SAS ha de asegurarse la cobertura de profesionales sanitarios suficientes para hacer frente a esta pandemia, sin escatimar ningún recurso material ni humano, teniendo siempre en cuenta las bajas y cuarentenas causadas por el virus, para poder ofrecer una respuesta eficaz.

Ante esta situación, los representantes de los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, manifestamos lo siguiente:

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Los últimos datos facilitados por el ministerio ponen de manifiesto que en torno al 12% del total de infectados son profesionales sanitarios; en estos momentos un total de 3.910 personas. A esta cifra habría que sumarle el total de profesionales que se encuentran asilados por cuarentena por exposición al contagio, la suma de ambos dispararía aún más las cifras, lo que suponen bajas de profesionales sanitarios para poder atender a los pacientes.

“A fecha de hoy, no nos consta que existan test rápidos para poderlos realizar en prisiones, lo cual nos genera muchísima incertidumbre. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando haya un caso sospechoso de ser positivo, si podemos hacer nuestros test dentro de nuestra propia función, si tendremos que mandarlos a un hospital, qué ocurriría en el caso de que hubiera que hacer numerosas pruebas por la saturación que existe en las prisiones. La verdad es que todo esto nos genera una incertidumbre que se ve incrementada con el miedo a qué pueda pasar”, introduce Jesús Marín, secretario de la Asociación Nacional de Enfermeros de Prisiones (ANEP).

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